* El hecho evidencia avance del crimen organizado.
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Veracruz, Ver. 20-Ene.-26.- En un nuevo episodio que refleja la grave crisis de inseguridad que enfrenta México, autoridades federales desmantelaron un taller clandestino dedicado a la fabricación de uniformes y prendas tácticas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, presuntamente vinculadas a actividades de la delincuencia organizada, en el municipio de Veracruz.
La Fiscalía General de la República (FGR), a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Veracruz, obtuvo de un juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal la autorización para ejecutar una orden de cateo en un inmueble ubicado en la colonia Malibrán, donde se aseguraron diversos insumos utilizados para la confección de indumentaria militar apócrifa, según informaron las propias autoridades hace algunas horas.

Durante el operativo, integrantes del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México decomisaron seis máquinas de coser industriales, una máquina cortadora de tela, así como múltiples chalecos tácticos en colores verde camuflado y negro, algunos de ellos con insignias de la Policía Estatal. También se localizó un chaleco camuflado verde con café, rollos de tela con patrones militares y un tramo de tela bordado con el nombre de una institución de las Fuerzas Armadas de México, lo que evidencia el nivel de sofisticación y planeación de estas operaciones ilícitas.
Las diligencias se realizaron dentro de una carpeta de investigación iniciada por el delito de falsificación y uso indebido de uniformes, divisas, insignias o siglas de las Fuerzas Armadas, ilícito frecuentemente asociado a grupos criminales que buscan suplantar a autoridades para cometer delitos de alto impacto, como secuestros, extorsiones, robos y enfrentamientos armados.

El cateo fue ejecutado por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), en coordinación con peritos del Centro Federal Pericial Forense (CFPF), ambos pertenecientes a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), con el respaldo de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina–Armada de México (Marina) y la Policía Estatal, quienes aseguraron el perímetro.
El inmueble y los objetos asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, que continuará con las investigaciones para determinar la posible participación de redes criminales y deslindar responsabilidades.

Este caso se suma a una serie de operativos realizados en distintas entidades del país que ponen en evidencia la creciente presencia y capacidad operativa de la delincuencia organizada, así como los desafíos que enfrenta el Estado mexicano para contener la infiltración criminal que vulnera la seguridad pública y la confianza ciudadana.
La FGR reiteró su compromiso de combatir los delitos del orden federal; sin embargo, estos hechos confirman la dimensión del problema de inseguridad que persiste en amplias regiones del país.