* México tiene a un gobierno de circo, preocupado más por dar shows que atender las demandas del pueblo.
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San Juan del Río, Qro./Huichapan, Hgo. 30-Ene.-26.- El secuestro y posterior asesinato de un comandante de la Guardia Nacional evidencia una vez más la grave crisis de inseguridad que atraviesa México y pone en entredicho la eficacia de la estrategia del gobierno federal en materia de seguridad pública.
Tras un operativo contra el robo de combustible, sujetos armados interceptaron sobre la carretera Palmillas–Huichapan a cuatro elementos de la Guardia Nacional. Entre ellos estaba el teniente Gustavo Ramírez Roque, su sargento, un cabo y un soldado. Aunque tres fueron localizados con vida tras un operativo de búsqueda con apoyo del Ejército Mexicano y policías estatales, el cuerpo del comandante fue hallado sin vida en un terreno baldío cerca de San Juan del Río, en los límites con Hidalgo.
Este hecho ocurre en un contexto de violencia persistente en el país, donde, pese a anuncios oficiales sobre reducciones en ciertos delitos, las cifras y tendencias reflejan una realidad compleja.
Según datos oficiales preliminares, el promedio diario de homicidios dolosos descendió de alrededor de 87 fallecimientos diarios en septiembre de 2024 a cerca de 55 a finales de 2025, la cifra más baja desde 2016, de acuerdo con reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y autoridades federales.
No obstante, especialistas en seguridad han advertido que estas cifras pueden no reflejar la totalidad del fenómeno delictivo, dada la persistencia de desapariciones y posibles problemas en la clasificación de delitos. Además, datos recientes muestran que en México ocurren en promedio 21 robos a transportistas al día, de los cuales un 80% son con violencia, lo que evidencia la vulnerabilidad en carreteras y rutas estratégicas del país.
La incidencia de secuestros, otro delito de alto impacto, también mantiene niveles preocupantes: en años recientes se ha registrado un promedio de más de 3.2 secuestros diarios, lo que para 2026 podría traducirse en miles de víctimas si se mantiene la tendencia.
Organismos empresariales y civiles han alertado asimismo sobre cifras alarmantes de extorsión y robos a negocios, con miles de carpetas de investigación abiertas en 2025, muchas de ellas relacionadas con violencia, y con estados como Sinaloa y Colima entre los más afectados.
A nivel estatal, algunas entidades muestran tasas de homicidio muy superiores a la media nacional, con porcentajes por encima de 60 homicidios por cada 100 mil habitantes en lugares como Guanajuato o Colima, según análisis de organizaciones de derechos humanos.
Frente a este panorama, críticos de la política de seguridad federal señalan que la disminución de ciertos delitos no ha sido acompañada de resultados contundentes en la protección de servidores públicos, la reducción real de carteles armados ni la desarticulación de redes criminales que operan con impunidad en varias regiones del país.
Hasta el momento, el gobierno federal no ha informado sobre avances sustantivos en las investigaciones ni ha presentado una postura clara respecto al clima de violencia que sigue cobrando víctimas —incluso entre quienes integran las fuerzas del orden— dejando a la sociedad con más preguntas que respuestas sobre la eficacia de su estrategia de seguridad.
