* Claudia Sheinbaum y Rocío Nahle deben sacudirse de quienes manchan su imagen si quieren ganar las próximas elecciones.
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Veracruz, Ver. 02-Feb.-26.- Las observaciones por presunto daño patrimonial emitidas por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (Orfis) contra exalcaldesas emanadas de Morena han reactivado un debate interno en el partido sobre la permanencia de cuadros con antecedentes cuestionables, en un momento en que el discurso oficial del movimiento se centra en la honestidad y el combate a la corrupción.
Mientras la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, buscan proyectar una imagen de legalidad y buen gobierno, militantes y líderes internos advierten que la falta de decisiones firmes frente a estos casos podría erosionar la credibilidad del partido y traducirse en costos políticos y electorales.
El Orfis es el órgano técnico encargado de fiscalizar el uso de los recursos públicos estatales y municipales en Veracruz. Cada año, tras revisar las cuentas públicas, emite observaciones cuando detecta posibles irregularidades, entre ellas el llamado daño patrimonial, que se configura cuando no existe comprobación del uso adecuado de los recursos o cuando estos no se reflejan en bienes, obras o servicios para la población.
Cuando las observaciones no son solventadas por los entes fiscalizados, el Orfis puede promover procedimientos de responsabilidad administrativa y, en casos graves, presentar denuncias ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, además de dar vista al Congreso del Estado para el seguimiento correspondiente.
Uno de los casos que mayor inconformidad ha generado al interior de Morena es el de la exalcaldesa de Mixtla de Altamirano, cuya gestión fue observada por el Orfis y cuyo presunto daño patrimonial podría ascender hasta los 40 millones de pesos, de acuerdo con estimaciones derivadas de revisiones preliminares del Órgano de Fiscalización Superior.
Fuentes internas del partido señalan que, lejos de asumir responsabilidades, la exfuncionaria ha buscado respaldo político para frenar consecuencias legales y administrativas, intentando vincularse con figuras de alto perfil del actual gobierno estatal. En este contexto, mencionan a la diputada local por Zongolica, Dulce María Hernández Tepole, como una de las operadoras políticas señaladas por militantes críticos, en medio de disputas por el control político regional.
En una situación similar se encuentra la exalcaldesa de Sayula de Alemán, Lorena Sánchez Vargas, quien enfrenta observaciones del Orfis que superarían los 100 millones de pesos por presunto daño patrimonial, una de las cifras más elevadas detectadas en recientes procesos de fiscalización municipal en la entidad.
De acuerdo con la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Veracruz, los exservidores públicos pueden ser sujetos a sanciones que van desde amonestaciones y multas económicas hasta inhabilitaciones para ocupar cargos públicos, además de la obligación de resarcir el daño causado al erario.
Cuando existen indicios de delitos, como peculado o uso ilícito de atribuciones, los expedientes pueden escalar al ámbito penal. En ese sentido, especialistas en derecho administrativo subrayan que la cercanía política o partidista no exime a los exfuncionarios de enfrentar estos procesos.
Para voces críticas dentro del propio partido, la permanencia de personajes con este tipo de antecedentes refuerza la narrativa de que Morena protege a exfuncionarios señalados por corrupción, lo que contradice su discurso fundacional.
“Son perfiles que no solo dañaron a sus municipios, también comprometen la credibilidad del partido. Por este tipo de figuras se pueden perder elecciones”, señalaron líderes internos, quienes recordaron que ninguna de las exalcaldesas señaladas logró retener el poder en sus municipios, reflejo del desgaste generado durante sus administraciones.
Militantes consultados consideran que tanto la presidenta Claudia Sheinbaum como la gobernadora Rocío Nahle enfrentan el reto de enviar una señal clara de cero tolerancia a la corrupción, no solo a través del discurso, sino mediante decisiones políticas concretas que incluyan la separación del partido de personajes bajo señalamientos graves.
A su juicio, una depuración interna fortalecería la narrativa anticorrupción de Morena y evitaría que los procesos de fiscalización y responsabilidad administrativa sigan convirtiéndose en factores de desgaste para el movimiento.
El debate permanece abierto: si Morena asume el costo interno de deslindarse de estos perfiles o permite que los antecedentes de algunos de sus cuadros continúen marcando la percepción pública de sus gobiernos.
