* Con 95% de su población en pobreza, el municipio enfrenta bienes “fantasma” y 4.8 mdp sin comprobar; Congreso admite información apócrifa, ORFIS detecta faltantes y autoridades federales guardan silencio
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Xalapa, Ver. 27-Ene.-26.- En Mixtla de Altamirano, uno de los municipios más pobres del país, el presunto daño patrimonial no sólo exhibe irregularidades locales, sino una cadena de omisiones que involucra a instancias municipales, al Congreso del Estado, a órganos de fiscalización y a autoridades federales, todas gobernadas o alineadas con Morena. A casi un mes de revelarse anomalías graves, no hay sanciones, no hay recuperación de activos y no hay responsables fincados, pues la contabilización de daños al municipio aun continúa y van en aumento.
De acuerdo con el CONEVAL / INEGI: más del 95% de la población de Mixtla vive en pobreza; 54.2% en pobreza extrema en el municipio de Mixtla de Altamirano. Y, de acuerdo a los datos determinados por el Orfis, 4 millones 806 mil pesos del ejercicio 2024 pendientes de justificar por la administración saliente.
En un municipio con carencias severas en salud, educación e infraestructura, cada peso no acreditado tiene impacto social directo. La administración municipal que estuvo encabezada por Norma Estela Hernández Sánchez (Morena) dejó inventarios cuestionados, documentación presuntamente falsificada y bienes inexistentes o no localizados, según denuncias echas en su momento por la autoridad entrante. El caso se centra en 13 vehículos y maquinaria autorizados para venta por el Congreso local en septiembre pasado.
Cuando el Congreso admite información apócrifa.
El 10 de enero de 2026, el diputado Esteban Bautista reconoció públicamente que la información enviada por el Ayuntamiento era apócrifa, lo que impidió acciones legales desde el Legislativo y trasladó la responsabilidad a autoridades municipales sin consecuencias inmediatas. El Congreso anunció “verificaciones”, pero no sanciones.
La Raptor y los inventarios que no cuadran
En marzo de 2024, la exalcaldesa denunció el robo de una Ford Raptor. Después, una Ford Ranger Raptor 2023 apareció en el listado de bienes autorizados para venta. La coincidencia no ha sido aclarada: no hay peritajes públicos, ni informes de recuperación, ni deslinde de responsabilidades.
ORFIS detecta, pero el castigo no llega
El ORFIS documentó 4.8 mdp sin comprobar del ejercicio 2024. Pese al señalamiento técnico, no se reportan aún sanciones firmes ni recuperación de recursos. La exalcaldesa sostiene que dio de baja unidades “inservibles”, sin que la documentación comprobatoria haya sido hecha pública.
Señalamientos cruzados: Estado y Federación
El secretario de Gobierno,Ricardo Ahued, reconoció desorden administrativo heredado en municipios; no anunció sanciones.
El Congreso admitió información apócrifa; anunció verificaciones sin plazos ni consecuencias.
El ORFIS detectó faltantes; no hay resoluciones finales aún.
La Federación guarda Silencio. No hay atracción del caso ni pronunciamientos, pese a tratarse de posibles delitos patrimoniales y recursos públicos en un municipio de extrema pobreza.
El resultado es un blindaje político de facto: investigaciones que se dilatan, responsabilidades que se fragmentan y un discurso anticorrupción que no se traduce en castigo cuando los señalados pertenecen al partido en el poder.
Y es que, Mixtla no es el único municipio con esas anomalías. Al menos siete municipios (Mixtla, Tamiahua, Nanchital, Lerdo de Tejada, Agua Dulce, El Higo y Las Vigas) registran denuncias por daño patrimonial, obras inconclusas y expedientes incompletos. El patrón se repite: detección → reconocimiento parcial → promesas → impunidad.
Cronología legal
A todo ello, el costo social lo pagan los más pobres, pues son los más afectados. En comunidades indígenas con rezago educativo y servicios precarios, la corrupción —o su tolerancia— se mide en obras que no llegan y derechos que se postergan. Mixtla exhibe la brecha entre el discurso y la práctica: presunto daño patrimonial, opacidad y una cadena de protección que, mientras se investiga sin castigo, condena a los más pobres a pagar la impunidad.
