* Y otra más en Amatlán de Los Reyes.
Por: Ricardo Pérez Bretón
El Vigilante Veracruzano
Orizaba, Ver. 17-Oct.-25.- En una rueda de prensa ofrecida el día de hoy por parte de quienes representan a los diversos organismos empresariales de la región como Canaco, Canacintra, Coparmex, Canacar y el CCE, hacen un enérgico llamado y sobre todo un pronunciamiento en lo que se pretende sería la instalación de una nueva caseta de cobro en la zona de Cecilio Teheran o Balastrera, municipio de Nogales, además de instalar otra en el municipio de Amatlán de Los Reyes .
Dicho proyecto es impulsado por el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) y la empresa Cal y Mayor y Asociados, contando con una inversión aproximada a los cinco mil millones de pesos bajo la modalidad de inversión mixta, es decir, entre gobierno federal y la iniciativa privada. Dicho monto ya habría sido autorizado para el contrato de modernización, mantenimiento, rehabilitación y operación (M-MRO) del tramo de 45.3 kilómetros, dicha concesión sería por 10 años.
Esta situación revive un problema que fue superado con la caseta de cobro de Fortín, dicha propuesta ya habría sido presentada en el 2022 por la administración de Cuitláhuac García Jiménez, medida efectuada por el retiro de la caseta antes señalada. Aun cuando en su momento se hicieron los estudios necesarios, se consideró que el mismo no era viable y se suspendió.
El ingeniero Eugenio Raúl Rodríguez, informó que “volver a impulsar nuevamente esta iniciativa es revivir un problema ya resuelto de hace unos años”, tras el retiro de la caseta de Fortín, la afluencia vehicular entre Veracruz y otros estados se normalizó sin necesidad de nuevos cobros o aumento en las tarifas.
El sector empresarial advirtió que la instalación de nuevas plazas de cobro sería un golpe duro para la economía de los transportistas, ciudadanía y empresarios, además de las industrias asentadas en la región de al menos 12 municipios como Nogales, Camerino Z. Mendoza, Río Blanco, Rafael Delgado, Orizaba, Huiloapan, Tlilapan, Ixtaczoquitlán, Ixhuatlancillo, Mariano Escobedo, La Perla y Maltrata.
El tramo donde se pretende llevar a cabo la ampliación cuenta con una gran cantidad de infraestructura que se considera de riesgo, como lo son ductos de Pemex, líneas e instalaciones de CFE y Telmex, el acueducto Nogales–Córdoba, drenajes pluviales y la planta de Firiob. De concretar cualquier tipo de modificación, implicaría un riesgo técnico elevado en lo antes descrito y afectaciones directas en los trabajos de ampliación qué se pretenden hacer.
Entre las zonas de mayor riesgo esta la planta de Pemex ubicada a un costado de la autopista Orizaba-Puebla, puente ferroviario ubicado en Nogales, el Parque Industrial de Orizaba (PIVO), ríos de respuesta rápida como el Chiquito, La Carbonera, Orizaba, La Calavera, Arroyo Caliente, Totolitos y Ameyal, todos esos cruzan la autopista y estos presentarán alguna modificación de concretarse el proyecto.
Las cámaras empresariales presentes, piden a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Capufe y al propio Fonadin, detengan el proceso de licitación y se convoque a una mesa de diálogo con los municipios colindantes con el tramo carretero, así como con las empresas de servicios públicos, cuerpos de emergencia y organismos ciudadanos, además de organizaciones de la sociedad civil.
“Es fundamental analizar de manera detallada el impacto real de este proyecto que pretende el gobierno federal, esto no representa una solución sino todo lo contrario, limitara el tránsito local y se generará un grave problema vial, por ende los costos para los usuarios tendrán un incremento”.
El sector privado detalla que, la solución real para mejorar la vialidad entre el norte y sureste del país no es añadir más casetas de Cobro, sino hacer un nuevo trazo de la autopista Puebla-Orizaba, mismo que responda a las necesidades de movilidad, seguridad y desarrollo regional.
