* El gobierno prefiere utilizar recursos a través de “programas” para fines políticos que inyectarle recursos a la educación.
www.elvigilanteveracruzano.com.mx
Orizaba, Ver. 15-Ene.-26.- Las recientes manifestaciones de educadores comunitarios del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) en estados como Veracruz, Hidalgo y Guerrero han puesto en evidencia una crisis silenciosa que amenaza el derecho a la educación de miles de niñas y niños en las regiones más pobres y aisladas del país.
El CONAFE, creado en 1971, nació con el objetivo de llevar educación inicial y básica a comunidades rurales marginadas donde no existen escuelas regulares. En estos lugares, el sistema educativo tradicional resulta inviable debido a la dispersión poblacional y a las condiciones geográficas extremas, que obligarían a los menores a recorrer largas distancias, cruzar ríos y exponerse a múltiples riesgos para poder estudiar.
Bajo este modelo, jóvenes conocidos como educadores comunitarios reciben capacitación especializada para atender grupos multigrado y, a cambio, obtienen una beca que les permite continuar sus estudios profesionales. A lo largo de más de cinco décadas, este esquema ha sido una vía de movilidad social para miles de mexicanos que hoy se desempeñan como profesionistas, funcionarios públicos y líderes comunitarios.
Sin embargo, cifras oficiales revelan un retroceso alarmante: en 2024, el CONAFE atendió a 523 mil estudiantes, la cobertura más baja en su historia. Actualmente, el organismo opera en 35,164 comunidades de más de 2,000 municipios, pero en varias entidades la atención educativa se ha reducido hasta en un 40 por ciento.
El caso de Hidalgo es un ejemplo: en 2019 contaba con 1,300 educadores comunitarios; hoy apenas tiene mil, insuficientes para atender a más de 20 mil niñas y niños. A nivel nacional, existen 73,750 figuras educativas que, pese a la carga laboral y social que enfrentan, perciben salarios de entre 5 y 7 mil pesos mensuales, sin acceso a seguridad social ni servicios médicos.
A esta precarización se suma el recorte presupuestal. Desde 2020, el financiamiento del CONAFE se ha mantenido estancado. El presupuesto aprobado para 2025 es prácticamente el mismo que el de 2019 en términos reales, y además se redujo en mil millones de pesos, lo que ha provocado el cierre de servicios educativos en comunidades donde no existe otra alternativa.
Los educadores comunitarios demandan hoy a través de diversas manifestaciones, un salario digno y condiciones laborales básicas, solicitando al menos un ingreso equivalente a la beca de Jóvenes Construyendo el Futuro, de 9 mil pesos mensuales, ya que con sus recursos deben costear transporte, alimentación y alojamiento en zonas de difícil acceso.
Organizaciones y especialistas advierten que, de no atenderse esta situación, miles de niñas y niños indígenas y rurales quedarán excluidos del sistema educativo, profundizando el analfabetismo, la pobreza y la desigualdad social.
Mientras el discurso oficial sostiene que la prioridad son los sectores más vulnerables, la realidad del CONAFE muestra lo contrario: el abandono de una institución que durante décadas ha sido la única puerta de acceso a la educación para los niños más pobres y olvidados de México.
De seguir esta línea, en breve miles o quizá millones de niños de comunidades indígenas de todo México, se quedarán sin educación y en el analfabetismo, pues los gobiernos ni siquiera le inyectan recursos para la contratación de docentes.
